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Manifiesto de la Confraternidad de Abogados “Jaime Hurtado”

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La conformación de la actual Corte Suprema de Justicia es de exclusiva responsabilidad del H. Congreso Nacional. La Constitución Política de la República del Ecuador contiene mecanismos y procedimientos que se deben aplicar y los organismos ante quienes se debe acudir por cualquier afectación a normas legales o garantías constitucionales que se alegue por parte de cualquier persona o grupo.

8 de abril de 2005

Por ello resulta totalmente absurdo que los grupos de poder económico y político que se han sentido afectados por la remoción de quienes conformaban la antigua Corte Suprema, hoy, bajo el pretexto de la inconstitucionalidad de la designación de sus actuales miembros, no solo se atrevan a declarar públicamente desconocer a la misma, sino a los actos que emanen de tal institución.

Tal hecho no solamente es absurdo o paradójico, constituye además una negación del estado de derecho que tales sectores pregonan defender. La actitud referida implica un desenmascaramiento del “sistema democrático” que proclaman, desnudándolo tal cual es y cómo lo conciben, esto es: la imposición de su única voluntad, métodos y procedimientos, y el desconocimiento y desacato a todo cuanto se les oponga o les signifique mengua de su poder tradicional.

Mantuvieron una paz sepulcral tales grupos cuando un ex presidente rodeó con tanques de guerra los edificios de las cortes, cuando su hegemonía en tal sector se vio amenazada; cuando magistrados de la antigua Corte beneficiaron con sospechosos fallos o se abstuvieron de dictarlos oportunamente a implicados en delitos que afectaron gravemente el patrimonio nacional; y ni qué decir de los responsables de la quiebra bancaria; cuando la inoperancia de la antigua Corte Suprema se reflejó en no poder designar a ministros y jueces cuyos cargos estaban vacantes o habían fenecido ya los períodos para los que fueron designados, lo que, obviamente, implicaba un atentado para la ágil administración de justicia.

Más aberrante resulta que tales sectores se atrevan a paralizar la administración de justicia, no para defender la estabilidad de los empleados y funcionarios judiciales de carrera, no para exigir una mejor asignación presupuestaria, no para exigir una aplicación de justicia ágil y transparente, con unos administradores honestos y probos; no, para y por ello no paralizan, paralizan para rescatar y mantener las cuotas y prebendas que a título personal o de partido tenían y aún poseen, y vorazmente desean incrementar; paralizan porque ven peligrar la impunidad de que gozaban, paralizan porque ven disminuida -no desaparecida- su capacidad de chantaje y persecución a sus opositores, paralizan porque ya no pueden garantizar, en el mismo grado, el éxito y millonarias ganancias en cada contienda judicial, independientemente de que les asista o no la razón.

Aberrante es también que algunos de quienes impulsan tan injusta paralización, hace no mucho tiempo enjuiciaron y encarcelaron a médicos y profesores por una huelga justa que hicieron para reclamar el pago de sus sueldos.

Repugna también que sea el pueblo, que sean los usuarios de la Función Judicial, que sean los abogados en libre ejercicio las víctimas concretas de estas paralizaciones sin causa ni motivo justo, que las víctimas resulten quienes no pueden recobrar su libertad, o que la misma sea retardada por horas, días o semanas, cuando ésta constituye el bien más preciado después de la vida. Repugna que las víctimas sean los niños y niñas que no pueden alimentarse en razón de que sus padres están obstruidos para depositar las pensiones, o sus madres estén impedidas de cobrar las pensiones alimenticias, o que quienes hayan sido víctimas de asesinatos o violaciones estén condenados a que los victimarios queden impunes, puesto que no se emiten las boletas de encarcelación correspondiente. Repugna aún más que quien lidere esta paralización sea el tradicional dirigente nacional de los judiciales, Luis Muñoz.

¿Qué hubiera sucedido si al pueblo se le preguntaba sobre si estaba o no de acuerdo con las antiguas cortes y su forma de administrar justicia?

Es indudable que en la actual corte existe representación política. La diferencia con la antigua es que ésta es multisectorial. No existe el monopolio de una o dos fuerzas políticas y económicas que manejaron la justicia a su gusto y antojo en la Corte antigua.

El cuento de los colegios electorales y de las juntas de notables, no es más que eso, un cuento con el que se pretende engañar, confundir o vender falsos sueños o esperanzas, una publicidad engañosa y abusiva, que perjudica realmente al consumidor y usuario de la función judicial.

¿Desde cuándo los colegios electorales o los notables están exentos del predominio o influencia política? Es más, en la actualidad los partidos y grupos de poder tradicionales se atreven a plantear esto ya que seguros están que los dirigentes de tales colegios en gran parte son sus obsecuentes servidores, baste mencionar a las Cámaras. De lo contrario ni los mencionarían.

Indignante también resulta que no se pronuncien para que quienes elijan a los ministros de la Corte Suprema sean los campesinos, los trabajadores, los moradores de los barrios marginales, los maestros, los estudiantes, es decir el pueblo, ¿quién más que él para que designe a los administradores de justicia? Que sea el propio pueblo que elija, mediante voto universal y secreto, bajo su propia responsabilidad. ¿Por qué le temen a esta propuesta? Quizás porque los grupos de poder, los Luises Muñoz, los Borja, los Febres, los presidentes de cámaras, los dirigentes burócratas se sienten desenmascarados, y saben que el pueblo aborreció y aborrece la forma en que administraron justicia, y ahora tendrá la oportunidad de elegir a quienes harán justicia, también para los de abajo, y no solo para los de cuello blanco y sobacos perfumados.

Por: Augusto Ramírez Vidal

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